12 enero

Directrices para políticas públicas de vivienda en la pospandemia

La pandemia de Covid-19 puso de relieve la estrecha relación […]

La pandemia de Covid-19 puso de relieve la estrecha relación entre el derecho a la vivienda y el derecho a la salud y a la vida. Desde el inicio de la crisis sanitaria, ciudades en todo el mundo lanzaron medidas de emergencia para enfrentar situaciones críticas de vivienda, que se veían agravadas. Entendiendo que las políticas de protección adoptadas en este período pueden y deben tener continuidad, el CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) divulgó este mes el informe Towards a post-pandemic housing policy for cities (Rumbo a políticas de vivienda para ciudades en la pospandemia). El documento fue hecho conjuntamente por la arquitecta Raquel Rolnik, conferencista confirmada del UIA2021RIO y coordinadora del LabCidade – Laboratorio Espacio Público y Derecho a la Ciudad, de la FAUUSP, con Eva García Chueca, investigadora del CIDOB. Está disponible en el sitio del CIDOB y también en la página del LabCidade

Según las autoras, iniciativas antes impensables fueron tomadas debido a la pandemia, abriendo la oportunidad para que los gobiernos avancen en sus acciones. Un ejemplo fue la movilización de viviendas existentes, pero desocupadas o subutilizadas, a fin de atender a la demanda de personas sin moradas adecuadas.

Barcelona salió al frente y, ya a principios de enero, el departamento de vivienda de la ciudad contactó a 14 empresas propietarias de 194 apartamentos vacíos, dándoles el plazo de un mes para ocupar los inmuebles – de lo contrario, la administración pública podrá entrar en posesión de dichas propriedades, mediante una indemnización que llega a la mitad del valor de mercado. Los apartamentos serían entonces alquilados como viviendas públicas para inquilinos de bajos ingresos. Las empresas también están sujetas a multas que varían entre € 90.000 y € 900.000.

Como el mercado inmobiliario español tendió a la estagnación luego de la crisis financiera de 2008, los propietarios de muchas unidades han mantenido algunas vacías a la espera de que el mercado se recupere.

Las viviendas con potencial de expropiación pertenecen a esos propietarios que tienen muchas unidades y, para que sean elegibles para la compra forzada, deben haber quedado por lo menos durante dos años sin ningún contrato de locación y sin ningún registro de uso de energía o de servicios públicos. 

Responsable por el Departamento de Vivienda de Barcelona, Lucia Martín, declaró a la prensa local que la intención es presionar a los propietarios para que den en alquiler dichos inmuebles, y no exactamente para expropiarlos. Además de los 149 apartamentos, otras 232 residencias vacías fueron identificadas, y serán los próximos objetivos del programa. 

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